Por razones poco claras, los pueblos latinos no parecen privilegiar la pena de muerte en sus sistemas legales. Los filósofos del derecho y los juristas en ejercicio aducen que los criminales son consecuencia de los males sociales -la injusticia y otros más- y que, en consecuencia, no debe castigarlos, sino rehabilitarlos. Otros más, argumentan que en ninguna sociedad la pena de muerte ha surtido efectos positivos, es decir, no ha logrado reducir los índicadores de criminalidad, y en algunos casos incluso los ha incrementado.
Aqui partimos no de elucubraciones de alto nivel filosófico, sino de realidades y de necesidades sociales. Todo crimen y toda falta al orden social establecido debe ser perseguido, juzgado y castigado conforme a derecho para que los culpables paguen sus faltas y los ofendidos alivien sus penas en la medida de lo humanamente posible. En otro orden de ideas -religiosas y espirituales- todos sabemos que existe otra justicia muy superior en la que el hombre no tiene participación. Pero aquí, en el orden del mundo, las cosas del hombre las trata el hombre por medio de sus instituciones civilizadas.
No logro distinguir una diferencia real entre la pena de muerte y la cadena perpetua. Me parece que en ésta última la muerte es civil y definitiva, y la pena se purga, de hecho, muerto en vida.
El Presidente de México, Felipe Calderón, ha mandado al órgano legislativo federal una iniciativa para conseguir la "cadena perpetua" a los culpables de secuestro. Me pregunto, ¿por qué no también a los extorsionadores, violadores y pederastas calificados?
Y esto a colación porque el arzobispo de Xalapa, Hipólito Reyes Larios, ha dado "su visto bueno" a la iniciativa buscado ferozmente por los reporteros y periodistas de los medios locales que continúan dando por hecho que los clérigos siguen siendo líderes de opinión en un país laico como el nuestro. Ya hace unos años, el antecesor de Reyes Larios, Obeso Rivera, se atrevió a argumentar, a propósito de la pederastia clerical, que "la ropa sucia se lavaba en casa", como si el clero mexicano demandara el retorno de los fueros eclesiáticos abolidos por las Leyes de Reforma. La opinión pública local, estatal y nacional salió a la palestra en contra de tan equivocada concepción y puso a los curas en su lugar.
Pero el punto focal aquí es la cadena perpetua para los inculpados del delito de secuestro, la cual debería hacerse extensiva a los violadores y pederastas, así fuesen estos curas. Ya hay voces que señalan que la cadena perpetua en sí misma es insuficiente y quisieran castigos de más peso; pero más alla de la pena vitalicia, lo que queda es la pena de muerte.
Aqui decimos: no importa si son 20 años, 30 o 100. Lo que daña a la sociedad, además de la comisión de los delitos mismos, es la IMPUNIDAD...
Impune queda el delito que no se castiga, que no va acompañado de una pena y tal impunidad es inmoral e inaceptable. Aqui hay que cuestionar nuestro sistema legal, el que contiene una impunidad camuflada de garantías procesales y de vericuetos legaloides que logra hacer que un verdadero pillo, por decision judicial apegada a derecho, quede suelto y en la calle, oefendiendo más a los ofendidos y volviendo permisivos los hechos delictivos. ¿Cómo es eso que un sujeto con diez grapas de cocaína y otros tantos carrujos de mariguana en la bolsa sea tratado como consumidor y no como un envenenador circulando con toda libertad en las calles y haciendo su criminal comercio?, ¿cómo es posible que sea detenido para luego, sin ambajes, quedar en libertad como inocente palomita?
Ya se ha dicho hasta la saciedad: la impunidad es más grave que los delitos mismos porque revela todo: incapacidad, incompetencia, corrupción, injusticia legal y moral, y señala la ausencia total del Estado y de la ley en la sociedad.
Con impunidad manifiesta, ¿para qué queremos al Estado y al gobierno?

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